Facturación electrónica entre empresas: la norma está, la fecha no
Quién estará obligado, en qué formatos y por qué canal — y por qué, a 17 de septiembre de 2026, todavía no hay ninguna fecha firme: depende de una orden ministerial que no se ha publicado.
Hay una obligación de facturar electrónicamente entre empresas y autónomos en España, su reglamento está publicado en el BOE desde marzo de 2026 y todavía no tiene ninguna fecha de entrada en vigor. Las tres cosas son ciertas a la vez, y entender por qué es lo que te va a ahorrar comprar con prisas lo que aún no te hace falta.
El reglamento ya está publicado. El calendario, no: los plazos no cuentan desde el real decreto, sino desde una orden ministerial que a 17 de septiembre de 2026 todavía no ha salido en el BOE.
Qué es la factura electrónica obligatoria (y por qué un PDF no lo es)
La obligación nace del artículo 12 de la Ley 18/2022, de creación y crecimiento de empresas —la «Crea y Crece»—, que reescribió el artículo 2 bis de la Ley 56/2007: «Todos los empresarios y profesionales deberán expedir, remitir y recibir facturas electrónicas en sus relaciones comerciales con otros empresarios y profesionales». Y añade que emisor y destinatario deberán informar de los estados de la factura, que es la parte que casi nadie explica.
Lo que la norma entiende por «electrónica» no es lo que entiende la mayoría de la gente: el artículo 7.1 del Real Decreto 238/2026 exige un mensaje informático estructurado, ajustado al modelo semántico de datos EN 16931.
- Un PDF adjunto a un correo no es una factura electrónica a estos efectos, por muy firmado que vaya. Es la imagen de una factura: el ordenador de quien la recibe no puede leerla sin interpretarla.
- Una factura electrónica es un fichero que otro programa lee y contabiliza sin que nadie transcriba nada.
- Por eso la obligación no es «mandar la factura por correo»: es cambiar el formato y el canal.
Y la razón de fondo no es recaudatoria. La ley que lo impone es de crecimiento empresarial y su objetivo declarado es la morosidad: el artículo 14 del reglamento dice que la AEAT enviará cada primer trimestre al Observatorio Estatal de la Morosidad Privada la información para elaborar el listado de empresas que incumplieron los plazos de pago.
Las fechas: a 17 de septiembre de 2026 no hay ninguna firme
La Ley 18/2022 puso dos condiciones a su propia entrada en vigor. La primera era una excepción comunitaria a los artículos 218 y 232 de la Directiva del IVA, y ya se ha cumplido: la Directiva (UE) 2025/516 —el paquete «ViDA»—, de 11 de marzo de 2025, permite a los Estados miembros imponer la factura electrónica sin pedir permiso ni el consentimiento del destinatario. La segunda era el desarrollo reglamentario, y va a medias.
| Hito | Qué dice | Estado a 17-09-2026 |
|---|---|---|
| RD 238/2026, de 25 de marzo | Desarrolla el sistema español de factura electrónica; en vigor a los 20 días de publicarse (BOE, 31-03-2026) | Publicado y en vigor |
| Orden del Ministerio de Hacienda (DF 3.ª.1) | Fija los elementos técnicos de la solución pública; su entrada en vigor arranca el reloj | No publicada en el BOE |
| 12 meses desde esa orden | Volumen de operaciones superior a 8 M€ el año natural anterior (DF 4.ª.1.a) | Sin fecha |
| 24 meses desde esa orden | El resto de empresarios y profesionales (DF 4.ª.1.b) | Sin fecha |
El proyecto de esa orden existe: se sometió a audiencia pública el 17 de abril de 2026 y su disposición final única fijaba la entrada en vigor el 1 de octubre de 2026. Si se publicara tal cual, las fechas serían el 1 de octubre de 2027 y el 1 de octubre de 2028. Pero es un proyecto: el plazo de audiencia cerró el 8 de mayo y el texto definitivo todavía no ha llegado al BOE.
Un proyecto de orden no es una orden. Mientras no se publique, cualquier fecha que leas es una previsión, no un plazo.
Lo dice la propia Agencia Tributaria: su nota sobre la facturación electrónica obligatoria, actualizada el 1 de septiembre de 2026, sigue remitiendo el cómputo a la entrada en vigor de esa orden, sin dar ninguna fecha.
Por qué cada web te da una fecha distinta
Porque cada una congeló un momento distinto. Las hay que todavía dan 2024 o 2025, de cuando el reglamento ni existía. Las hay que dan el 1 de octubre de 2027 y 2028 como si fueran firmes, tomando el borrador por publicado. Y hay muchas que dan 2026 porque confunden esto con VeriFactu. Mira siempre la fecha de lo que lees, también la de esta página.
VeriFactu y factura electrónica B2B: dos obligaciones que se tocan en un punto
| VeriFactu (RD 1007/2023) | Factura electrónica B2B (RD 238/2026) | |
|---|---|---|
| Qué regula | Cómo tu programa genera y conserva cada factura | En qué formato y por qué canal se la envías a otro empresario |
| De dónde cuelga | Art. 29.2.j) de la Ley General Tributaria | Art. 2 bis de la Ley 56/2007, redactado por la Ley 18/2022 |
| Para qué | Que una factura emitida no se pueda borrar | Saber cuándo se paga cada factura y hacer visible la morosidad |
| Cuándo | 1 de enero y 1 de julio de 2027 | Sin fecha: 12 o 24 meses desde una orden no publicada |
| Con consumidores | También entra | No: solo entre empresarios y profesionales |
El punto donde se tocan está en la definición del artículo 2.d) del RD 238/2026: la factura electrónica obligatoria debe ser producida por programas «que estén adaptados al artículo 29.2.j) de la Ley 58/2003 [...] y, en su caso, a su desarrollo reglamentario». Ese desarrollo reglamentario es VeriFactu, y el artículo 2 bis.6 de la Ley 56/2007 lo repite por su cuenta.
No vas a poder cumplir la factura electrónica B2B con un programa que no cumpla VeriFactu. Son dos obligaciones, pero un solo programa.
En práctico: la primera fecha que te afecta no es la de la factura electrónica —que no existe— sino la de VeriFactu, que es 2027. Si tienes el programa adaptado a VeriFactu, cuando llegue la otra obligación llegará como una extensión, no como una mudanza.
A quién obligará y quién queda fuera
El artículo 3.1 lo dice así: quien esté obligado a expedir factura por el reglamento de facturación deberá hacerlo en formato electrónico cuando el destinatario sea un empresario o profesional con sede, establecimiento permanente o domicilio en España.
- No entra la factura al consumidor final: la obligación es entre empresarios y profesionales.
- No entran las facturas simplificadas —el ticket—, salvo las simplificadas cualificadas del artículo 7.2 del reglamento de facturación (art. 4.1).
- Quedan fuera unas pocas actividades muy concretas (DA 2.ª): el operador del mercado eléctrico, el del mercado organizado de gas y las cámaras de compensación de IATA.
- Si factura por ti un tercero —una gestoría—, la obligación no se traspasa: el obligado a expedir la factura «será el responsable del cumplimiento de todas las obligaciones» (art. 3.2).
- En el País Vasco y Navarra, la solución pública se articulará mediante acuerdos entre las Haciendas Forales y la AEAT (DA 3.ª).
El tamaño no decide si te obliga: decide cuándo. Doce meses si superaste los 8 millones de volumen de operaciones el año anterior; veinticuatro el resto. Un autónomo entra igual, solo que después.
Qué formatos admite la norma
El artículo 7.1 admite cuatro sintaxis, todas sobre el modelo EN 16931: CII (los mensajes XML del CEFACT de la ONU), UBL, el mensaje EDIFACT de factura y el mensaje Facturae, el que ya usas si facturas a la Administración. Encima hay dos exigencias que no se ven pero que deciden si tu programa sirve:
- Toda factura emitida por una plataforma privada debe ir firmada con firma electrónica avanzada, directamente o mediante firma delegada autorizada (art. 7.3).
- Cada factura debe identificarse con un código único que incluya necesariamente el NIF del emisor, el número y la serie y la fecha de expedición (art. 7.5).
La solución pública solo admite UBL (art. 11.2); si tu plataforma trabaja con otra sintaxis, la transformación corre de tu lado (art. 11.6). Y durante los doce primeros meses, quien supere los 8 millones tendrá que acompañar la factura de un PDF que asegure su legibilidad, salvo que el destinatario acepte expresamente el formato original — y ese PDF no se remite a la solución pública (DT 2.ª).
Los estados de la factura: la obligación de la que casi nadie habla
Esta es la parte que convierte el cambio en un cambio de proceso y no solo de formato. No basta con enviar la factura: hay que decir qué pasa con ella, y eso le toca a quien la recibe.
- Obligatorio (art. 10.1): la aceptación o el rechazo comercial de la factura con su fecha, y el pago efectivo completo con su fecha efectiva de pago.
- Voluntario (art. 10.2): aceptación o rechazo parcial, pago parcial y cesión de la factura a un tercero.
- Plazo: cuatro días naturales, excluyendo sábados, domingos y festivos nacionales, desde que se produce el estado (art. 10.3).
- El pago completo o el rechazo se comunican siempre a la solución pública, se haya usado la plataforma que se haya usado, y también la fecha de vencimiento del plazo de pago (art. 12). En ausencia de rechazo, la factura se presume aceptada.
Hay un respiro para los más pequeños: para las personas físicas y entidades en atribución de rentas que no superen los 8 millones, los estados serán voluntarios hasta doce meses después de que el reglamento produzca efectos para el segundo tramo (DT 3.ª).
Facturar será enviar un fichero. Cobrar será declarar que has cobrado, en cuatro días hábiles. La segunda parte es la que cambia el trabajo de cada día.
La solución pública de la AEAT, y qué no te puede cobrar una plataforma privada
El sistema español de factura electrónica son las plataformas privadas que cumplan los requisitos más la solución pública, gestionada por la Agencia Tributaria, que además hace de repositorio (art. 5). Se puede facturar por una vía, por la otra o combinándolas.
- El acceso a la solución pública y los usos que prevé el reglamento son gratuitos (art. 11.10), y la AEAT desarrollará en ella un formulario gratuito para expedir facturas e informar de sus estados (DA 1.ª).
- Es el repositorio universal y obligatorio de todas las facturas (art. 2.f): quien emita por una plataforma privada tendrá que remitirle una copia electrónica fiel en UBL simultáneamente a su emisión (art. 6.2).
- Si no has acordado expresamente recibir las facturas por una plataforma privada, o si no haces público tu punto de entrada, tu punto de entrada es ella (art. 6.1 y 6.3).
- Tiene que estar disponible al menos dos meses antes de la primera aplicación efectiva (DA 5.ª). Ese será el aviso real de que la cosa va en serio.
Y una cosa que conviene saber antes de que te vendan nada: un operador privado está obligado a interconectarse con cualquier otra plataforma cuando lo pida un cliente suyo, tiene un mes como máximo para dejarlo operativo y «en ningún caso» puede cobrar nada a la plataforma solicitante por hacerlo (arts. 8.1, 9.3 y 9.6). El artículo 2 bis.3 bis de la Ley 56/2007 añade que «el receptor de la factura no podrá obligar a su emisor a la utilización de una solución, plataforma o proveedor de servicios de facturación electrónica predeterminado».
Si facturas a la Administración, eso ya te obliga desde hace años
La factura electrónica al sector público no es ninguna novedad: la Ley 25/2013 la impone desde el 15 de enero de 2015. No es la misma norma, ni el mismo circuito, ni la misma gente obligada.
- Están obligadas las sociedades anónimas y limitadas, las personas jurídicas y entidades sin personalidad jurídica que carezcan de nacionalidad española, los establecimientos permanentes y sucursales de no residentes, las UTE y determinados fondos (art. 4.1). Un autónomo puede emitirla, pero la ley no le obliga.
- Las Administraciones «podrán excluir reglamentariamente» las facturas de hasta 5.000 € (art. 4.1). Es una facultad de cada Administración, no una exención universal.
- Formato: estructurado y firmado con firma electrónica avanzada basada en certificado reconocido (art. 5.1). En la práctica, Facturae; la Generalitat exige la versión 3.2.
- Canal: el punto general de entrada que corresponda (art. 6). FACe para la Administración General del Estado; e-FACT para la Generalitat y los entes catalanes adheridos.
- Los códigos DIR3 —oficina contable, órgano gestor y unidad tramitadora— son lo que hace que la factura llegue a alguien. Mal puestos, la factura no se rechaza: se pierde, y tú crees que está en trámite.
Esto seguirá existiendo cuando llegue la obligación entre empresas. Son dos circuitos para dos destinatarios distintos, y el motivo por el que conviene que salgan del mismo sitio es evidente: para no llevar dos contabilidades paralelas de la misma facturación.
Qué tiene que saber hacer tu programa
Con cinco preguntas a tu proveedor, por escrito, ya sabes dónde estás:
- En cuál de las cuatro sintaxis del artículo 7.1 emite, y si sabe transformar entre ellas o depende de un tercero.
- Si sabe remitir la copia fiel en UBL a la solución pública en el mismo momento de emitir (art. 6.2), o si va a ser un proceso nocturno. El reglamento dice «simultáneamente».
- Cómo va a gestionar los estados: quién marca el pago, de dónde sale la fecha efectiva y si se dispara solo desde el cobro contabilizado o hay que teclearlo factura a factura.
- Si ya está adaptado al artículo 29.2.j) de la Ley General Tributaria, es decir a VeriFactu. Esa fecha es 2027 y no depende de ninguna orden pendiente.
- Qué cuesta: si la adaptación viene incluida en el mantenimiento o es un proyecto aparte.
Nosotros implantamos Odoo, y de las cuatro ediciones hay dos que construimos y mantenemos aquí: Community Plus y Agentic traen VeriFactu y SII integrados y verificados de serie. La parte de factura electrónica entre empresas la iremos cerrando a medida que se publique la especificación técnica; anunciarla antes de que exista sería vender humo, y ya circula bastante.
Qué puedes hacer hoy sin esperar a la orden
- Adapta el programa a VeriFactu. Es la fecha que sí existe, y es exactamente el mismo programa que después tendrá que hacer la otra cosa.
- Limpia los datos maestros: NIF, razón social y domicilio de cada cliente. Una factura estructurada se rechaza por un NIF mal escrito; un PDF no decía nada y alguien ya lo arreglaba.
- Si facturas a la Administración, ordena ya ese circuito —Facturae, e-FACT o FACe, códigos DIR3—. Es el ensayo general de lo que viene.
- Pregunta a tus tres clientes más grandes por qué plataforma piensan recibir. Si superan los 8 millones, entrarán un año antes que tú.
- No contrates nada «para la factura electrónica obligatoria» con una fecha límite inventada: la especificación técnica que ese producto tendrá que cumplir todavía no está publicada.
La prisa te la va a poner tu cliente grande, no el BOE: quien supere los 8 millones entrará un año antes y te pedirá factura estructurada desde el primer día.
Preguntas frecuentes
¿Cuándo entra en vigor la factura electrónica obligatoria entre empresas?
No hay fecha. El RD 238/2026 está en vigor desde el 20 de abril de 2026, pero su aplicación efectiva se cuenta desde la entrada en vigor de una orden del Ministerio de Hacienda que a 17 de septiembre de 2026 no se ha publicado: doce meses después para quien supere los 8 millones y veinticuatro para el resto.
¿Un PDF firmado vale como factura electrónica?
Para esta obligación, no. Tiene que ser un mensaje estructurado en CII, UBL, EDIFACT o Facturae, ajustado al modelo EN 16931 (art. 7.1). El PDF de la disposición transitoria segunda acompaña a la factura durante los doce primeros meses; no la sustituye.
¿Afecta a los autónomos?
Sí, si facturan a otro empresario o profesional, y entrarán en el segundo tramo, a los veinticuatro meses. Las facturas a consumidores y las simplificadas quedan fuera, y los estados de la factura serán voluntarios para ellos algo más de tiempo (DT 3.ª).
¿Es lo mismo que VeriFactu?
No. VeriFactu regula cómo tu programa genera y conserva las facturas, y sus fechas son el 1 de enero y el 1 de julio de 2027. Esto regula el formato y el canal entre empresas y todavía no tiene fecha. Se tocan en un punto: la factura electrónica obligatoria tiene que salir de un sistema adaptado al artículo 29.2.j) de la Ley General Tributaria, que es lo que desarrolla VeriFactu.
¿Qué multa hay si no la hago?
El RD 238/2026 no trae régimen sancionador propio. La multa de hasta 10.000 € que se cita a menudo es la del artículo 2 bis.9 de la Ley 56/2007 y castiga otra cosa: a las empresas obligadas que no ofrecen a sus usuarios la posibilidad de recibir factura electrónica o que no permiten el acceso a sus facturas a quien ha dejado de ser cliente. El riesgo real, cuando llegue el plazo, es más prosaico: sin factura electrónica no cobrarás de quien esté obligado a recibirla así.
¿Y si mi cliente usa otra plataforma?
Tiene que interconectarse con la tuya si un cliente suyo lo pide, en un mes como máximo y sin cobrarle nada a tu plataforma por hacerlo (arts. 8.1, 9.3 y 9.6). Y no puede obligarte a usar la suya (art. 2 bis.3 bis de la Ley 56/2007).